Residencia inmediata a los beneficiarios de DACA y camino de ocho años para la residencia de otros inmigrantes
El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris están preparados para presentar al Congreso un paquete de reforma migratoria integral y compasiva para su aprobación en el primer día de su histórica Administración. El plan integral para conceder el estatus a más de diez millones de inmigrantes indocumentados que se encuentran actualmente en Estados Unidos será el paquete de reformas legislativas más esperado en años.
Lo más importante es que el plan concederá a los beneficiarios de DACA -conocidos como "dreamers"- un estatus legal completo en Estados Unidos. El plan prevé que aquellos que actualmente tienen el estatus DACA tengan la oportunidad de solicitar inmediatamente la residencia legal permanente. Este plan acelerado de residencia también se aplicará a los que mantienen el Estatus de Protección Temporal.
Además, el plan propuesto prevé conceder a los inmigrantes indocumentados, que estén físicamente presentes en Estados Unidos el 1 de enero de 2021, una vía de ocho años para obtener la ciudadanía. El paso inicial prevé una residencia temporal de cinco años, seguida de un periodo de tres años de residencia antes de poder optar a la ciudadanía. La aprobación del estatus de residencia estaría supeditada a la superación de controles de antecedentes penales y al pago de impuestos.
Estos cambios propuestos sólo se aplicarán a los inmigrantes que actualmente se encuentran físicamente en Estados Unidos. Esta limitación temporal pretende frenar cualquier aumento a corto plazo de la migración a Estados Unidos con el único fin de obtener beneficios.
De hecho, para los que lleguen a la frontera sur de Estados Unidos después del 1 de enero de 2021, el presidente Biden pretende hacer del proceso de asilo un proceso más humano y ordenado. La Administración Biden-Harris tiene la intención de abordar las causas subyacentes de la migración, incluidas las cuestiones de seguridad y económicas, mediante el apoyo internacional a los países centroamericanos.
La legislación propuesta supone un cambio total respecto a las duras limitaciones impuestas a los procesos de inmigración por la anterior Administración. Aunque cualquier cambio debe ser aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado, la Administración confía en que se puedan introducir cambios sustanciales y centrados en la familia en las leyes de inmigración de EE.UU. que no se han abordado durante décadas.
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